El gobierno de España anunció una batería de medidas para reforzar la regulación del entorno digital, entre ellas la prohibición del acceso a plataformas y redes sociales para menores de 16 años. La iniciativa forma parte de un plan más amplio que busca proteger a niños y adolescentes, reducir la desinformación y exigir mayores responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas.
El presidente Pedro Sánchez presentó la propuesta durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Arabia Saudí, donde planteó la necesidad de “recuperar la soberanía digital” y transformar las redes en espacios más seguros y democráticos.
Según explicó, la nueva normativa no solo establecerá límites de edad, sino que también apuntará contra prácticas que hoy operan en zonas grises. Entre los cambios previstos se incluye el fin de la impunidad para directivos de plataformas, la creación de sistemas para detectar contenidos que promuevan el odio o la polarización y la tipificación como delito de la manipulación de algoritmos para amplificar material ilegal.
Regulación coordinada en Europa
España además se integró a una alianza con otros países europeos para impulsar regulaciones conjuntas y acelerar la aplicación de controles más estrictos sobre las grandes tecnológicas. La intención es avanzar con reglas comunes que garanticen mayor protección a los usuarios, especialmente a los menores.
En esa misma línea, Francia ya aprobó recientemente restricciones similares, con prohibiciones de acceso a redes para adolescentes más jóvenes y limitaciones al uso de teléfonos móviles dentro de las escuelas.
Inversiones en tecnología y desarrollo
Durante el encuentro internacional, Sánchez también presentó el fondo “España Crece”, una herramienta financiera destinada a atraer inversiones estratégicas en sectores como tecnología, energía y vivienda.
El programa contará con un aporte público inicial superior a los 10.000 millones de euros y aspira a movilizar hasta 120.000 millones mediante la participación de capital privado y fondos internacionales. El objetivo es sostener el crecimiento económico una vez finalicen los recursos extraordinarios provenientes de la Unión Europea.
Con estas iniciativas, el gobierno español busca combinar mayor control sobre el ecosistema digital con políticas de desarrollo e innovación, en un contexto global donde el rol de las plataformas tecnológicas y la protección de los usuarios están cada vez más en debate.