El consultor político argentino, ya detenido por una tentativa de femicidio, recibirá una nueva medida cautelar mientras se investiga el origen de sus ingresos.
La Corte de Bolivia dictó una segunda prisión preventiva de 180 días contra Fernando Cerimedo, consultor político argentino que ya cumple una medida cautelar por la causa de presunta tentativa de femicidio contra su expareja Nadia Beller. La resolución, tomada el sábado por el juez Douglas Borda, dispone que Cerimedo cumpla los seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
Cerimedo asistió a la audiencia de forma virtual desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, y declaró que no tiene intención de fugarse y que desea “terminar este proceso porque me arruinaron la vida”. Añadió que está detenido “por algo que no ocurrió”.
La nueva causa está vinculada a sus ingresos y actividades empresariales. En una declaración ante la justicia boliviana, el consultor afirmó que en 2025 percibió cerca de un millón de dólares mensuales por actividades realizadas fuera del país, y que en 2026 los ingresos fueron similares. Señaló que el dinero investigado proviene de sus empresas de marketing y comunicación digital, actividades que describió como legales.
Durante la misma audiencia, Cerimedo confirmó su vínculo con el presidente boliviano Rodrigo Paz, a quien había asesorado, y optó por no responder a más de 200 preguntas formuladas por las autoridades.
Paralelamente, el juez Wilson Espada mantuvo la prisión preventiva en la causa de tentativa de femicidio, tras una audiencia cautelar en Santa Cruz y rechazó los planteos de la defensa. En ese expediente también se autorizó la incorporación de información extraída del teléfono celular de Cerimedo.
Con la nueva resolución, el consultor político argentino afronta dos procesos judiciales simultáneos en Bolivia y permanecerá privado de libertad mientras avanzan ambas investigaciones.
En otro contexto, el Gobierno de Córdoba pagó 64,7 millones de pesos a Madero Media Group, empresa vinculada a Cerimedo, durante 2026; la provincia calificó al pago como una contratación a “un proveedor más”.
La medida amplía la situación de detención de Cerimedo por otros seis meses y agrega un segundo frente judicial al expediente ya existente.