El Gobierno Nacional está analizando cambios en el proyecto de Inocencia Fiscal II para impedir que funcionarios públicos accedan a algunos de los principales beneficios contemplados en la iniciativa. Esto surge como parte de las conversaciones con bloques aliados en la Cámara de Diputados, cuyos votos son necesarios para avanzar con el dictamen.
El proyecto original de Inocencia Fiscal II no establecía una exclusión específica para funcionarios públicos. Sin embargo, durante las conversaciones en la Cámara baja, este punto adquirió mayor peso. La modificación que se evalúa permitiría que los funcionarios utilicen el esquema simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero quedarían excluidos de las presunciones y los efectos liberatorios establecidos en el proyecto.
El objetivo de Inocencia Fiscal II es modificar el esquema de fiscalización del Impuesto a las Ganancias y facilitar que ahorros actualmente fuera del sistema puedan incorporarse al circuito formal. Sin embargo, el debate sobre las restricciones cobró relevancia después de los cuestionamientos surgidos por la incorporación del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, al régimen simplificado de Ganancias en junio de 2026, antes de presentar su declaratoria jurada.
Las negociaciones para conseguir el dictamen en la Cámara de Diputados están condicionadas a los acuerdos que el Gobierno pueda alcanzar con los bloques dialoguistas. La exclusión de los funcionarios de los beneficios considerados más sensibles aparece como uno de los principales cambios en estudio. En paralelo, el oficialismo analiza otros aspectos de Inocencia Fiscal II, entre ellos las condiciones para ingresar al régimen y los mecanismos previstos para regularizar diferencias detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).