El Senado retomó la sesión para tratar la ley de Protección de la Propiedad Privada, después de que cayó el capítulo sobre venta de tierra a extranjeros. La sesión se centra en una versión acotada del proyecto que contempla desalojos exprés de campos, viviendas y terrenos usurpados.
La iniciativa oficial establece que se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios. El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado es verosímil y previa caución juratoria. El propietario deberá mostrar con prueba documental que es el dueño y el juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble.
En el caso de inquilinos en mora, deberán recibir una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día. Si se mantiene el incumplimiento, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles. El propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.
La ley también establece que en el caso de menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar. Se dispondrá un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria.
Además, la declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida. Habrá un tope del 30% de indemnización por lucro cesante y la tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.
La ley también deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias. Se permite la presentación de documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país y se modifica la ley “Pierri” de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores.