La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad. La medida habilita el remate de activos para cubrir el perjuicio económico determinado en la sentencia, que asciende a más de $684.000 millones.
La resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2 y estableció la recuperación de los bienes de origen ilícito, incluso cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados. La medida alcanza tanto a bienes personales de los condenados como a activos de empresas consideradas instrumentos de la maniobra, entre ellas Austral Construcciones y otras firmas vinculadas al esquema investigado.
El tribunal sostuvo que el decomiso puede extenderse a terceros que hayan recibido activos provenientes del delito a título gratuito. El voto del juez Gustavo Hornos remarcó que el decomiso debe traducirse en una recuperación efectiva, ya que “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”.
La ejecución de los bienes incluye hoteles, departamentos, terrenos y estancias vinculados a la maniobra de corrupción. Las defensas habían apelado la ejecución de los bienes, argumentando que no todos fueron incorporados durante el período investigado y que Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en la causa. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal había pedido avanzar con los remates, considerando que esos activos formaban parte del patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner al momento de los hechos.