La empresa no logró sostener su plan de pagos y acumuló un pasivo cercano a los US$120 millones, lo que llevó a la pérdida de empleo de más de 900 trabajadores.
La decisión judicial pone fin al concurso preventivo iniciado en febrero de 2025, que había sido presentado como una alternativa para ordenar sus deudas y sostener la actividad. Sin embargo, el proceso no logró cumplir ese objetivo y terminó profundizando el deterioro financiero de la cooperativa. El juez Marcelo Gelcich dispuso una continuidad operativa de forma transitoria, mientras avanza el proceso de liquidación.
La quiebra de SanCor se debe a la acumulación de una deuda creciente y la falta de viabilidad de la empresa. Los números del expediente reflejan la magnitud del colapso económico, con un pasivo cercano a los US$120 millones y compromisos con más de 1.500 acreedores. La deuda siguió creciendo a un ritmo aproximado de $3.000 millones mensuales, lo que terminó por deteriorar aún más su capacidad de recuperación.
Entre las principales obligaciones impagas se destacan $12.788 millones en salarios adeudados, $6.349 millones en deudas impositivas y previsionales, $3.380 millones correspondientes a obras sociales y sindicatos y más de $13.313 millones en compromisos comerciales. Esto evidencia no solo un problema de liquidez, sino también una pérdida sostenida de viabilidad operativa en el mediano plazo.
La medida judicial busca evitar un impacto inmediato sobre los trabajadores y reducir las consecuencias negativas para proveedores y acreedores vinculados a la actividad productiva. Los bienes de la compañía quedan bajo la administración de síndicos, quienes deberán preservarlos en condiciones adecuadas para su posterior venta. Se prevé la apertura de un proceso de licitación para las plantas industriales, que podrían ser adquiridas en conjunto o de manera individual, lo que definirá el futuro de los activos de la cooperativa.