Dos denuncias penales fueron presentadas en tribunales federales por presuntas irregularidades en el otorgamiento de préstamos del Banco Nación a funcionarios y legisladores. El Gobierno defiende la legalidad de las operaciones, mientras que la Justicia analiza las condiciones de los préstamos.
Las denuncias, que fueron ingresadas en los juzgados federales de los jueces Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, buscan determinar si existieron irregularidades, trato preferencial o conflictos de interés en la adjudicación de préstamos por montos millonarios. La primera denuncia apunta contra el ex presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet, y se refiere a posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La segunda denuncia, por otro lado, incluye a funcionarios y legisladores beneficiados, como Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y los legisladores libertarios Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los créditos “fueron otorgados bajo las mismas condiciones que rigen para cualquier cliente”, con respaldo y capacidad de repago comprobables.
Sin embargo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió desplazar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que había accedido a un crédito hipotecario cercano a los $420 millones. La decisión no estuvo vinculada a la legalidad del préstamo, sino a criterios de austeridad dentro de la gestión. Mientras avanza la investigación judicial, el Gobierno trabaja en una respuesta formal que presentará en los tribunales.