Luego del fallo de la Corte Suprema que confirmó su condena en la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner solicitó al tribunal oral cumplir la pena bajo prisión domiciliaria en su vivienda ubicada en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, y rechazó el uso de tobillera electrónica.
La ex presidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que la excluye definitivamente de la carrera electoral. Su defensa argumentó que, por su edad —72 años— y por razones de seguridad, no debía ser trasladada a una cárcel común. Además, destacaron que continúa bajo custodia de la Policía Federal, lo que haría innecesario el monitoreo electrónico.
En el pedido, también se hizo referencia al intento de atentado que sufrió en 2022 para respaldar la solicitud de un régimen de detención más seguro.
El abogado de Cristina Kirchner anunció que recurrirán a “mecanismos de revisión internacional”, tras considerar que la decisión judicial fue un intento de excluirla del proceso democrático. “El Partido Judicial le puso el cepo al voto popular”, denunció la ex mandataria luego del fallo.
En paralelo, el tribunal evalúa un pedido excepcional de la defensa para que la prisión domiciliaria comience de inmediato, sin esperar la resolución formal. Sin embargo, el juez Rodrigo Giménez Uriburu instruyó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a designar un lugar de detención provisoria bajo custodia de alguna fuerza de seguridad.
Expertos jurídicos consultados en medios nacionales advirtieron que los planteos de la defensa no tienen aprobación automática y que se trata de simples solicitudes que deberán ser evaluadas dentro del marco legal.