El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue aprobado en general por el Senado en la madrugada del viernes, después de más de diez horas de debate. La iniciativa, que busca proteger la propiedad privada y regular los desalojos, recibió 37 votos a favor y 34 en contra.
El debate en el Senado estuvo marcado por fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, con acusaciones de “cipayos” y “entreguistas” por parte de La Libertad Avanza y el bloque peronista. El proyecto de ley había generado polémica debido a un capítulo que permitía la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras, pero este fue eliminado después de que varios gobernadores decidieran votar en contra.
La sesión en el Senado comenzó sin necesidad de contar con el quórum, ya que se trataba de la continuidad de la sesión del 16 de julio. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, presidió la sesión en ausencia de Victoria Villarruel, quien se encontraba a cargo del Ejecutivo por estar el presidente Javier Milei fuera del país.
El proyecto de ley establece que se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, y que el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado es verosímil y previa caución juratoria. También se establece que los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día.
Además, el proyecto de ley modifica la ley de expropiaciones, estableciendo que la declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y que el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida. También se establece que habrá un tope del 30% de indemnización por lucro cesante y que la tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.
La aprobación del proyecto de ley en general es un paso importante hacia la protección de la propiedad privada en el país, aunque aún debe ser votado en particular por el Senado. La oposición ha expresado su rechazo a la iniciativa, argumentando que beneficia a los grandes propietarios y perjudica a los pequeños productores y a los sectores más vulnerables de la sociedad.