El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Presupuesto 2026 y la puesta en vigencia de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, dos normas centrales que marcan el rumbo económico, fiscal y tributario del próximo año. Ambas medidas fueron publicadas en el Boletín Oficial luego de su aprobación en el Congreso, tras intensos debates políticos y técnicos.
El Presupuesto 2026 quedó establecido mediante el Decreto 932/2025 y fue aprobado por el Senado el viernes 26 de diciembre, luego de una extensa sesión especial de más de ocho horas. La votación reflejó un amplio respaldo: 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, lo que permitió sancionar la “ley de leyes” que fija las principales variables macroeconómicas del año entrante.
Según las proyecciones oficiales, el Gobierno prevé para 2026 un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial que alcanzaría los $1.423 en diciembre. En materia fiscal, el Ejecutivo proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%, uno de los ejes centrales del programa económico. Además, se espera que las exportaciones crezcan un 10,6%.
En cuanto a la demanda agregada, el Presupuesto anticipa un aumento del consumo privado del 4,9%, aunque menor al registrado en 2025, y un crecimiento del consumo público del 1,2%. La inversión aparece como uno de los motores del año, con una expansión proyectada del 9,4%. El texto legal establece, además, un resultado financiero superavitario del Sector Público Nacional superior a los $2,7 billones.
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos fue el artículo 30, que derivó en la derogación de normas clave vinculadas al financiamiento de áreas estratégicas. Entre ellas, se eliminó la obligación de destinar el 6% del PBI a educación, se dejó sin efecto el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), el Fondo para la Educación Técnico Profesional y las metas de inversión progresiva en ciencia y tecnología que apuntaban a alcanzar el 1% del PBI en 2032. Estas decisiones generaron fuertes críticas de sectores académicos, educativos y científicos.
En paralelo, el Congreso aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, una reforma que introduce cambios profundos en el régimen penal tributario y en los mecanismos de control del Estado sobre los contribuyentes. El objetivo declarado es facilitar el uso de ahorros no bancarizados, especialmente en dólares, y simplificar la relación entre el fisco y quienes cumplen regularmente con sus obligaciones. Según datos oficiales, los argentinos mantienen más de USD 250.000 millones fuera del sistema financiero.
La norma no implica un blanqueo de capitales ni modifica el Impuesto a las Ganancias, pero permite utilizar ahorros por hasta $100 millones sin sanciones fiscales, siempre que no se superen ciertos umbrales. Quedan excluidos quienes tengan ingresos anuales mayores a $1.000 millones, patrimonios superiores a $10.000 millones o sean considerados grandes contribuyentes nacionales.
Entre los cambios más relevantes se destaca la incorporación del principio de “inocencia fiscal”, por el cual el Estado deja de presumir automáticamente la evasión y solo podrá investigar ante la existencia de pruebas concretas. También se actualizan los montos a partir de los cuales la evasión constituye delito penal, se reducen plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores y se habilita la cancelación de deudas para evitar causas penales, aunque con un uso limitado a una sola vez.
La ley endurece, a la vez, las penas para casos de simulación o uso de documentación falsa, con condenas que pueden llegar a seis años de prisión en los casos más graves. Además, se establece la actualización automática de montos y multas según la inflación, se reduce hasta un 90% el valor de las multas administrativas para personas y pymes y se crea una declaración jurada simplificada para ciertos contribuyentes.
Desde el Gobierno destacan que el éxito de la reforma dependerá de una modernización real del organismo recaudador y de la incorporación de tecnología que permita controles más eficientes y focalizados. Con estas dos normas, el Ejecutivo apuesta a consolidar el orden fiscal, estimular la actividad económica y modificar la lógica histórica de la relación entre el Estado y los contribuyentes.