La ciudadanía italiana podría atravesar un momento histórico en marzo de 2026. El Tribunal Constitucional de Italia confirmó que el 11 de marzo celebrará una audiencia clave para evaluar la validez del Decreto Tajani, la normativa que cerró de forma abrupta el reconocimiento por descendencia y paralizó miles de trámites en todo el mundo.
Para Argentina —uno de los países con mayor comunidad italo-descendiente— la decisión será determinante.
Un decreto que cambió todo
Hasta 2025, el acceso a la ciudadanía por sangre funcionaba con un criterio amplio: hijos, nietos, bisnietos y ramas familiares más lejanas podían iniciar el trámite con solo probar el vínculo con su ancestro italiano.
Pero el Decreto Tajani modificó de raíz el sistema. La norma eliminó el reconocimiento automático y agregó un requisito que dejó a miles afuera: demostrar que el antepasado italiano nunca renunció a su ciudadanía ni la perdió en ningún momento.
Además del golpe legal, el cambio vino acompañado de un impacto económico notable: desde enero de 2025 se sumó una tasa de 600 euros para iniciar cualquier expediente, ya sea administrativo o judicial. Esto, sumado a costos de traducciones, apostillas y certificaciones, volvió el proceso inaccesible para muchas familias.
La demanda que llegó a la Corte
El Tribunal Constitucional analizará un planteo presentado por ocho descendientes venezolanos, que denunciaron que el decreto contradice décadas de jurisprudencia basada en el principio del ius sanguinis.
El argumento principal: Italia no puede modificar un derecho histórico ni aplicar restricciones de manera retroactiva.
El reclamo recibió el apoyo de organizaciones de la colectividad italiana y de especialistas en derecho migratorio, y aunque surge de un grupo pequeño, su fallo tendrá alcance global.
Qué significa para Argentina
El impacto en Argentina es directo. En los últimos años creció exponencialmente la demanda de ciudadanía italiana, impulsada por jóvenes que buscan estudiar, trabajar o proyectar una vida en Europa.
Con el Decreto Tajani vigente, miles de trámites quedaron frenados, y otros tantos nunca llegaron a iniciarse.
Expertos en la materia sostienen que hay argumentos sólidos para que el decreto sea declarado inconstitucional:
- La tradición del ius sanguinis como pilar de la ciudadanía italiana.
- La prohibición de aplicar límites generacionales retroactivamente.
- La falta de fundamentos razonables para restringir derechos ya adquiridos.
Si el Tribunal anula la norma, el sistema volvería a operar bajo las reglas anteriores a 2025, lo que reactivaría una enorme cantidad de expedientes.
Qué puede resolver el Tribunal el 11 de marzo de 2026
Existen tres posibles escenarios:
- Derogación total del Decreto Tajani
Se restablecería el acceso por descendencia sin límites generacionales. - Ratificación completa
Las restricciones actuales se mantendrían sin cambios. - Modificación parcial
Podrían ajustarse algunos requisitos o incluso revisarse la polémica tasa de 600 euros.
Mientras tanto, miles de descendientes italianos en Argentina y América Latina siguen a la expectativa. La audiencia de marzo podría marcar un antes y un después en uno de los procesos de ciudadanía más solicitados del mundo.