El Gobierno nacional reglamentó oficialmente el llamado Régimen de Inocencia Fiscal, una reforma que introduce modificaciones profundas en la relación entre el Estado y los contribuyentes, con la promesa de simplificar trámites, reducir la presión penal y avanzar hacia un esquema basado en la presunción de buena fe.
La medida fue implementada a través del decreto reglamentario de la Ley 27.799 y normas complementarias de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que ya habilitó el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.
Según explicaron desde el organismo, el objetivo es dejar atrás un modelo de control considerado excesivo y burocrático, que durante años generó desconfianza, alta litigiosidad y mayor informalidad. Con el nuevo sistema, la lógica se invierte: el contribuyente pasa a ser considerado cumplidor, salvo prueba en contrario.
Menos penalización y nuevos umbrales
Uno de los cambios más relevantes es la actualización de los montos que definen los delitos tributarios. La evasión simple se fija ahora en 100 millones de pesos, mientras que la agravada asciende a 1.000 millones, elevando considerablemente los pisos para la intervención penal.
Además, el plazo de prescripción de los delitos fiscales se redujo de cinco a tres años.
En paralelo, la evasión deja de tener carácter penal automático: ante un incumplimiento, el contribuyente podrá regularizar la deuda sin enfrentar una causa judicial, lo que busca descomprimir el sistema y priorizar la recaudación por sobre el castigo.
También se aclaró que ARCA no analizará incrementos patrimoniales ni depósitos bancarios para evaluar retroactivamente la situación fiscal, un punto que apunta a dar mayor previsibilidad.
Cómo funcionará el régimen simplificado
El nuevo esquema está dirigido a personas y empresas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio máximo de $10.000 millones, siempre que no estén catalogados como grandes contribuyentes nacionales.
Quienes adhieran contarán con una declaración jurada precargada, que podrán revisar y confirmar. El pago en término del impuesto —o la adhesión a un plan de facilidades— otorgará un efecto liberatorio, es decir, cerrará ese período fiscal sin futuras revisiones.
El sistema incorpora además una “presunción de exactitud” de las declaraciones, reforzando la idea de confianza progresiva entre el Estado y los contribuyentes.
Un cambio de paradigma
Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca marcar un giro en la política tributaria, apostando a simplificar el cumplimiento y reducir la conflictividad. La intención oficial es que menos controles formales y más facilidades incentiven la regularización voluntaria y amplíen la base de aportantes.
El impacto real del régimen comenzará a medirse en los próximos meses, cuando se conozca cuántos contribuyentes optan por adherir al nuevo sistema.