El proyecto de ley de discapacidad, respaldado por La Libertad Avanza y una amplia mayoría de bloques, será sometido a votación en el pleno del Senado el 19 de noviembre.
El texto fue aprobado en la comisión mixta de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presidida por el senador libertario Agustín Monteverde y la peronista Alicia Kirchner. El dictamen contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, PRO, UCR y diversas agrupaciones provinciales, lo que garantiza un amplio consenso para su tramitación.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, subrayó que la iniciativa busca “superar la emergencia y ofrecer una salida concreta”, resaltando la necesidad de compatibilizar la pensión por discapacidad con el empleo. Bullrich destacó que el proyecto mantiene incentivos para los empleadores que contraten a personas con discapacidad bajo contrato indefinido, preserva el régimen de empleo protegido y asegura la cobertura de salud.
El proyecto conserva los pilares de la ley de emergencia aprobada por la oposición: el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de las prestaciones por IPC y la posibilidad de percibir una pensión no contributiva sin perder un trabajo registrado. La única modificación sustancial es la eliminación del calificativo “emergencia”, lo que reduce la discrecionalidad del Ejecutivo en la gestión de los fondos.
En cuanto al financiamiento, la Oficina de Presupuesto del Congreso estima un costo de $598.912 millones para 2027. El texto detalla las partidas presupuestarias que se destinarán a cada rubro y fija requisitos claros para el acceso a la pensión, que ahora quedan especificados en la ley. Además, se garantiza la continuidad del programa médico de atención y cobertura de salud (actualmente “Incluir Salud”) y se establecen plazos para el pago de deudas a prestadores: notificación dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia y liquidación total en 90 días.
Con la aprobación del proyecto, el Gobierno podrá responder a la exigencia de los bloques aliados de asegurar la permanencia de las prestaciones para las personas con discapacidad, una vez que venza la normativa de emergencia vetada por el presidente Javier Milei el año pasado. La votación plenaria está prevista para el 19 de noviembre.