La máxima autoridad judicial revocó la restricción que impedía la compra de parcelas agrícolas por parte de no residentes, reactivando el artículo 154 del DNU 70/2023 y abriendo el mercado agrario a la inversión extranjera.
La decisión se produce tras la polémica generada por el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. La medida cautelar que impedía la venta de tierras a extranjeros había sido mantenida por la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional la parte del decreto que regulaba la propiedad de la tierra.
En una resolución de ocho páginas, los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz argumentaron que la acción de amparo colectiva presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) carecía de legitimación. Según el fallo, “no se configuró una causa ni una controversia” que justificara la intervención del Poder Judicial, y cualquier intento de hacerlo vulneraría el límite impuesto por el artículo 116 de la Constitución.
El tribunal precisó que su pronunciamiento no implica un análisis de la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, ni una interferencia en la facultad legislativa contemplada en el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional. Asimismo, sostuvo que la soberanía territorial no constituye un bien colectivo a los efectos del artículo 43 de la Carta Magna, por lo que no procede una acción colectiva sobre ese concepto.
La sentencia generó críticas inmediatas por parte del CECIM, que calificó la decisión como “un acto que pone a la Argentina en venta”. El grupo de veteranos de Malvinas denunció que la Corte, al desestimar su legitimación, habría “resuelto el problema político de Milei” y habría abierto la posibilidad de que inversores extranjeros adquieran municipios, provincias, zonas de frontera, ríos y otros recursos naturales del país.
Con la anulación de la cautelar, el mercado de tierras rurales vuelve a estar disponible para compradores extranjeros en todo el territorio nacional, mientras el debate sobre la propiedad agraria y la soberanía continúa en la esfera pública y legislativa.