El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña examina si el cierre del centro de moderación de la Torre Glòries y los 2.062 despidos fueron consecuencia de la rescisión del contrato de Meta o de un traslado de actividades, mientras el sindicato FIST pide la nulidad de los despidos.
El martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió el proceso judicial que revisará el despido colectivo de 2.062 trabajadores que, entre 2018 y 2025, moderaron contenidos de Facebook, Instagram y Messenger desde la Torre Glòries de Barcelona. Los empleados estaban bajo la empresa CCC Barcelona Digital Services, incorporada en 2020 a Telus Digital, una de las contratistas de Meta para la revisión de publicaciones violentas, sexuales o perturbadoras.
El procedimiento quedó a la espera de sentencia y tiene como objetivo determinar si el cierre del servicio y el expediente de regulación de empleo acordado en abril de 2025 se ajustaron a la normativa laboral. El sindicato FIST reclama que los despidos sean declarados nulos, argumentando que la decisión de Meta pudo estar vinculada a la acumulación de más de 1.200 reclamaciones laborales por salarios, salud mental y prevención de riesgos.
Los moderadores denunciaron durante años el impacto psicológico de la exposición constante a material extremo: asesinatos, desmembramientos, torturas, violaciones, suicidios en directo, abusos sexuales a menores, canibalismo, violencia de narcotraficantes y maltrato animal. Testimonios recogidos por La Vanguardia en octubre de 2023 describieron pesadillas, insomnio, ataques de pánico, ansiedad, depresión, estrés postraumático y, en el caso de una moderadora argentina, pensamientos suicidas.
En octubre de 2023 la plantilla de CCC/Telus en Barcelona alcanzó los 2.030 empleados, con una tasa de absentismo del 19,8 %. Los grupos más numerosos eran los vinculados a los mercados latinoamericanos de habla española y portuguesa, con alrededor de 800 trabajadores cada uno. La empresa afirmó disponer de psicólogos y espacios de bienestar, aunque los empleados consideraron insuficientes esas medidas.
La Inspección de Trabajo de Cataluña inició una investigación en 2021 y, en 2022, sancionó a la compañía con 40.985 euros por deficiencias en la prevención de riesgos psicosociales. En enero de 2024 una sentencia reconoció accidente laboral la enfermedad psiquiátrica de un moderador, y el Tribunal Supremo español confirmó el 4 de marzo de 2026 que los trastornos estaban vinculados a la actividad de moderación bajo exigencias de ritmo y visión continua de violencia extrema.
El 2 de abril de 2025 Meta comunicó que dejaría de utilizar los servicios de moderación de Telus desde la Torre Glòries, lo que puso en riesgo unos 2.000 puestos y derivó en el despido colectivo ejecutado entre abril y mayo de ese año. Las empresas sostienen que la rescisión del contrato obligó a los despidos por causas organizativas y productivas, mientras FIST alega que parte de la actividad fue trasladada a otros países europeos, dejando atrás a una plantilla con numerosas reclamaciones.
El juicio determinará si los 2.062 despidos fueron una medida legítima de la empresa o si deben ser anulados por vulnerar derechos laborales y de salud de los trabajadores.