El presidente Javier Milei declaró que la explotación de petróleo en las Islas Malvinas constituye un “peligro claro y urgente” y presentó un paquete de medidas que incluye sanciones a empresas, la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y la remisión al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Durante una cadena nacional el 3 de septiembre de 2026, Milei subrayó la necesidad de una respuesta inmediata ante los avances de proyectos hidrocarburíferos en aguas recluidas por Argentina. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, afirmó el mandatario.
Sanciones a empresas y actores vinculados
El presidente anunció que firmará esa misma noche un decreto que agilizará los procedimientos sancionatorios contemplados por la Ley 26.659. El objetivo es penalizar a quienes participen, directa o indirectamente, en iniciativas de exploración o extracción de hidrocarburos en áreas bajo control británico y reclamadas por Argentina. Además, el gobierno reforzará los sistemas de detección temprana e intercambio de información para identificar a empresas, accionistas, directores y proveedores involucrados. Las compañías que operen sin autorización argentina serán inhabilitadas para ejercer actividades en el territorio nacional.
Construcción de una base naval en Tierra del Fuego
Milei también anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia destinado a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa, con la prioridad de edificar una base naval integrada en Tierra del Fuego. Según el presidente, la instalación será el polo logístico más importante del Atlántico Sur y jugará un papel clave en la proyección geopolítica de la Argentina. El mismo decreto contempla la mejora de las telecomunicaciones vinculadas a la defensa.
Propuesta de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
El paquete de medidas incluye la presentación “con carácter urgente” al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Entre sus disposiciones, se plantea modificar la Ley 26.659 para endurecer sanciones y penas, extendiendo el régimen sancionatorio también a los proveedores y prestadores de servicios de los proyectos no autorizados.
Milei reiteró que la Cancillería ya ha enviado alrededor de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en actividades en las Islas Malvinas, y que ahora esas acciones se complementarán con las nuevas herramientas legales anunciadas.
Con estas decisiones, el gobierno busca impedir la apropiación de recursos petroleros en territorio disputado y reforzar la defensa de la soberanía nacional.