La justicia dispuso un embargo preventivo sobre el departamento de San José 1111, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Esta medida forma parte de la ejecución patrimonial de la condena por la Causa Vialidad, que estableció un decomiso de $685.000 millones.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) adoptó esta decisión para garantizar la indisponibilidad jurídica de los activos alcanzados por el decomiso. El inmueble pertenece a Los Sauces S.A., una sociedad inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso fundamentaron la medida en la conexión económica y comercial comprobada entre las empresas de Lázaro Báez y los negocios de la familia Kirchner entre 2003 y 2015.
El embargo no implica una subasta ni una realización inmediata del departamento, pero abre el interrogante sobre si Cristina Kirchner podría eventualmente tener que evaluar otro domicilio para continuar cumpliendo su condena. La resolución forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial, que comprende 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó en febrero el criterio de avanzar con el decomiso de un primer conjunto de propiedades, que incluye 111 inmuebles solicitados por el fiscal Diego Luciani. Sin embargo, la definición final sobre ese primer conjunto de propiedades quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia, que analiza los planteos de Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Mientras tanto, el TOF 2 continúa avanzando sobre un segundo conjunto de activos, que incluye el departamento de San José 1111.