La expresidenta llevó su planteo al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuestionó la condena en la causa Vialidad, denunció vulneraciones de derechos y sostuvo que la inhabilitación para ejercer cargos públicos busca excluirla de la competencia electoral.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad.
A través de una carta abierta titulada “El costo democrático de la politización de la justicia”, la exmandataria sostuvo que decidió recurrir al ámbito internacional al considerar que los mecanismos judiciales internos ya no garantizan la protección de sus derechos.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia quedó firme y actualmente cumple la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria.
En su presentación, la expresidenta afirmó que la inhabilitación perpetua constituye el principal objetivo de la condena y aseguró que busca excluirla de la vida política. Además, sostuvo que esa decisión no solo afecta sus derechos, sino también el de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.
También cuestionó el desarrollo del proceso judicial, denunció presuntas violaciones de derechos fundamentales y aseguró que existió un tratamiento atravesado por “machismo estructural” dentro del sistema judicial argentino.
Cristina Kirchner adelantó que continuará impulsando acciones legales para revertir la condena y aseguró: “Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia”.
Qué puede hacer la ONU
La presentación será analizada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que primero deberá determinar si el planteo cumple con los requisitos de admisibilidad.
En caso de aceptar el caso, el Estado argentino tendrá la posibilidad de responder a las denuncias y aportar la información correspondiente sobre el proceso judicial.
El organismo internacional no actúa como un tribunal de apelación ni puede revocar la condena dictada por la Justicia argentina. Su función será evaluar si durante el proceso se vulneraron derechos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.