El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) dio de baja a más de 1500 prestadores de su cartilla nacional debido a graves irregularidades y fraude detectados en auditorías realizadas en todo el país. Además, se radicaron dos denuncias penales en las provincias de Tucumán y Chaco.
Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. El PAMI aseguró que los afiliados tienen derecho a recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud.
Entre los casos detectados se encuentra el de Sanarte S.R.L., un policonsultorio en San Miguel de Tucumán, que presentó problemas administrativos y incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente. La auditoría detectó falta de habilitación municipal actualizada, legajos profesionales incompletos y demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología.
Otro caso es el de un médico prestador en la UGL XIII – Chaco del PAMI, que presentó deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales y inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas. El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo, lo que llevó al PAMI a aplicar sanciones administrativas y a promover una denuncia penal.
Estos casos forman parte de un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguizamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar.
Frente a este escenario, el PAMI implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados. El organismo aseguró que auditar no significa perseguir, sino garantizar que los afiliados reciban la atención que merecen.