Después de casi una década de ausencia, la Argentina se prepara para volver este miércoles al mercado de deuda en dólares, en una jugada clave para recomponer el financiamiento del Estado y enviar una señal al sistema financiero. La última colocación de este tipo se había realizado en enero de 2018 y, desde entonces, el país permaneció fuera del acceso al crédito voluntario en moneda extranjera.
El regreso se concretará mediante la emisión de un nuevo bono soberano bajo ley argentina, con vencimiento en 2029 y un cupón anual del 6,5%. El objetivo principal de esta operación es reunir fondos para afrontar los compromisos de deuda de enero, que ascienden a unos u$s4.300 millones, pero también funciona como una prueba de fuego para medir el apetito del mercado por los activos argentinos.
En la antesala de la licitación, el Gobierno dispuso una serie de medidas destinadas a reforzar la demanda local. Este martes se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 668/2025, que habilita a las compañías de seguros y reaseguros a tomar financiamiento en dólares mediante cauciones bursátiles, utilizando títulos públicos en cartera como garantía. El dinero obtenido a través de estas operaciones deberá destinarse exclusivamente a la compra de bonos soberanos en licitación primaria.
Desde el sector financiero interpretan que la normativa apunta directamente a estimular la demanda del nuevo Bonar 2029N. En términos prácticos, la medida permite que las aseguradoras usen sus actuales tenencias de bonos como respaldo para obtener liquidez en dólares y participar de la colocación, ampliando así su capacidad de inversión sin necesidad de desprenderse de activos.
Distintos analistas destacaron el alcance de la decisión, aunque también marcaron sus límites. Según especialistas del mercado, el financiamiento vía caución para las aseguradoras tendrá un tope del 20% de su cartera de bonos públicos, lo que brinda impulso, pero no garantiza por sí solo el éxito de la licitación.
Expectativas oficiales y mirada del mercado
El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró confiado respecto del resultado de la operación. En declaraciones públicas, afirmó que el objetivo del Gobierno es captar alrededor de u$s1.000 millones a una tasa inferior al 9% anual. Además, sostuvo que la Argentina tiene margen para reducir de manera significativa el riesgo país, una variable clave para abaratar el costo del financiamiento.
En el mercado, las opiniones son diversas. Algunos analistas consideran que el monto buscado es alcanzable y que existe margen para cerrar la colocación en niveles cercanos al objetivo oficial, especialmente si la demanda local acompaña. Otros advierten que, si bien la intención del Gobierno es anclar expectativas con una tasa de un dígito alto, la estructura actual de rendimientos de la deuda argentina sugiere que el retorno esperado podría ubicarse algo por encima del 10%.
Desde algunas mesas de análisis incluso señalan que, ajustando por riesgo y probabilidad de incumplimiento, el bono podría ofrecer un rendimiento superior al que aspira el Ejecutivo. En ese sentido, el desafío será equilibrar el deseo oficial de mostrar una mejora en el costo del financiamiento con la realidad que perciben los inversores, tanto locales como del exterior.
Un paso inicial hacia el crédito internacional
Más allá del resultado puntual de esta emisión, en el Gobierno destacan que la colocación tiene un valor estratégico: volver a “probar el mercado” luego de años sin acceso a financiamiento voluntario en dólares. La operación se presenta como un primer paso hacia un eventual regreso al mercado internacional de crédito, algo que dependerá del éxito de esta licitación y de la evolución de las variables macroeconómicas.
Analistas coinciden en que la emisión, incluso con desafíos, es una señal positiva. No obstante, advierten que el inversor marginal seguirá estando conformado por una combinación de fondos del exterior y grandes actores locales, que no reciben incentivos directos adicionales. Por eso, no descartan que, a futuro, el Gobierno evalúe nuevos beneficios regulatorios para ampliar la base de compradores y reducir aún más las tasas.
Con esta licitación, la Argentina vuelve a testear la confianza del mercado. El resultado marcará no solo el costo del endeudamiento inmediato, sino también las posibilidades reales de normalizar el acceso al crédito externo en los próximos meses.